La Oficina Nacional de Defensa Publica es una de las instituciones con mayores estándares de calidad en el servicio público en la Republica Dominicano, respecto de la cual la comunidad jurídica en su totalidad coincide en que brinda la mejor asistencia jurídica en materia penal, de entre las existentes tanto en el ámbito público como el privado.
Esto no sería posible sin los Defensores Públicos, un cuerpo especializado de funcionarios públicos y abogados litigantes, que llevan sobre sus hombros el 80% de los casos penales, a nivel nacional y lo hacen con un amor y vocación de servicio inigualables.
Sin embargo, los últimos dos años se han caracterizado por un éxodo masivo de defensores públicos, donde no hay un mes que no renuncie al menos uno por mes, sin que sea reemplazado por un profesional de igual calidad y potencial, lo cual implica una sobrecarga laboral.
Este fenómeno va en aumento lamentablemente porque las condiciones laborales que ofrece el Estado a los defensores públicos tienen como rasgos principales un salario deplorable que no permite si quiera pensar en vivir dignamente y espacios físicos que ameritan intervenciones rápidas, para que los usuarios puedan continuar recibiendo un servicio adecuado.
No es posible que los defensores públicos devenguen un salario inferior y tan alejado que el de sus pares pertenecientes a las dos otras instituciones instituidas al igual que la Defensa por la Constitución, como el Ministerio Público y el Poder Judicial, quienes actualmente perciben justamente el doble y el triple, en algunos casos que los defensores públicos y coordinadores, en las distintas categorías.
Ciertamente somos la voz de los que no tienen y en nosotros existe total voluntad de seguir siéndolo, sin embargo, si no tenemos dignidad salarial y de trato, lastimosamente, los derechos de nuestros queridos usuarios encontraran cada vez menos voces que le den sonido a sus prerrogativas ante los tribunales.
Ante esta lamentable situación, hacemos un llamado a la Dirección de la Oficina Nacional de la Defensa Publica, para que haga todo lo necesario para logran un aumento salarial justo a los defensores públicos y al personal administrativo de la institución, de manera que se logre una dignidad salarial y que el capital humano que integra la misma y por tanto, identificado con la misión y los valores institucionales, no continue saliendo de la institución en búsqueda de ingresos competitivos que les permitan suplir mínimamente los costos de la canasta básica familiar. De igual manera, se conmina al Estado Dominicano a que asigne una partida presupuestaria mayor para la Oficina Nacional de Defensa Publica, sin la cual el sistema de justicia penal, no funcionaria.
Sin Defensa No hay Justicia, sin Justicia no hay Democracia. Levanto mi voz!
